La Abogacía del Estado alertó sobre un “juicio paralelo” que afecta al fiscal general de España

La Abogacía del Estado ha denunciado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, está experimentando un “juicio paralelo en los medios de comunicación” a causa de las reiteradas filtraciones relacionadas con la causa abierta en su contra en el Tribunal Supremo, tras la denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En un escrito dirigido al alto tribunal, la Abogacía del Estado (encargada de defender los intereses del máximo representante del ministerio público) solicita medidas para contener esta situación y asevera que se está infringiendo el derecho de García Ortiz a un “juicio justo, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia”, así como a “la protección de su intimidad”.

El documento de la Abogacía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya que las acusaciones populares y los abogados de González Amador “colaboran” en este “juicio paralelo”. La defensa del fiscal general expone que, a los pocos minutos de que se notifiquen las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento, estas se publican en la prensa. Y, en algunos casos, con “sesgo incriminatorio”. Entre otros documentos, según añade el texto, se han filtrado los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los teléfonos de García Ortiz, que incluyen datos personales y de identificación de sus móviles: “Esto constituye una brecha de seguridad en la necesaria protección de datos de nuestro representado e incluso determina que pueda ser objeto de actuaciones de suplantación por el empleo ilícito de estos”.

“Las distintas acusaciones particulares y populares están incumpliendo el deber de reserva de las diligencias sumariales practicadas o que se quieren proponer”, apostilla la Abogacía, que pide al juez Ángel Hurtado que abra una investigación para proceder, en su caso, a sancionar a los implicados. Para tratar de impedir este problema, la defensa plantea también aglutinar bajo una única dirección letrada a las cuatro acusaciones populares presentes en la causa —el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF), el pseudosindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa—, una medida que ya había rechazado anteriormente el magistrado. “La presencia y el mantenimiento de varias partes acusadoras desarrollando este tipo de actividad ilícita introduce unos indebidos equilibrios”, insiste la Abogacía